La Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó con 17 votos a favor un texto sustitutorio para la reforma constitucional que impide a sentenciados por ciertos delitos ocupar cargos públicos. Sin embargo, esta propuesta ha generado controversia al dejar fuera delitos como violación sexual, lavado de activos y corrupción, lo que ha sido calificado por algunos sectores como un ajuste a intereses políticos.
El dictamen, liderado por Fernando Rospigliosi, presidente de la comisión, busca limitar la participación política de personas sancionadas por delitos que atenten contra el orden democrático. No obstante, congresistas como Flor Pablo han señalado que la reforma parece estar diseñada para proteger a figuras específicas, excluyendo delitos que afectarían a personajes asociados a diferentes bancadas.
“Cada bancada está protegiendo a sus sentenciados. Mientras delitos como terrorismo están incluidos, corrupción y secuestro han sido excluidos. Esto no garantiza idoneidad política, sino selectividad interesada”, manifestó Pablo, en referencia al caso de figuras como Alberto Fujimori y Antauro Humala.
La polémica no ha tardado en desatarse. Según analistas, este dictamen podría enfrentarse a un intenso debate en el Pleno del Congreso y en la opinión pública, pues persiste la exigencia ciudadana de mayor transparencia y ética en la política nacional.
En tanto, el Congreso sigue bajo la lupa, en medio de una crisis de legitimidad reflejada en la desaprobación generalizada hacia su desempeño.