El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección de Salud Mental, llevó a cabo una reunión técnica destinada a validar la actualización del protocolo de actuación conjunta entre los establecimientos de salud y los Centros Emergencia Mujer (CEM), con el propósito de optimizar la atención brindada a personas afectadas por violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar y víctimas de violencia sexual.
La jornada congregó a 42 representantes de las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS) de Lima, la región Callao, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la Sanidad de la Policía Nacional del Perú y profesionales especializados en salud mental, quienes aportaron sus experiencias para enriquecer el documento.
Durante la reunión se revisaron aspectos técnicos orientados a fortalecer los mecanismos de intervención y coordinación entre los distintos servicios involucrados. La actualización considera los lineamientos establecidos en la Ley N.º 30364, destinada a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, así como la Ley de Salud Mental y sus respectivas modificaciones.
El trabajo conjunto entre el Minsa y el MIMP busca garantizar una respuesta más rápida, eficiente e integral para las personas que enfrentan situaciones de violencia, promoviendo una mejor articulación entre los servicios de salud y los Centros Emergencia Mujer en beneficio de la población más vulnerable.
Este proceso cuenta además con el respaldo técnico y financiero del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), organización que viene acompañando las acciones de fortalecimiento institucional y facilitando espacios de diálogo entre los diversos actores comprometidos con la atención y protección de las víctimas.
Como parte de esta iniciativa, se han programado nuevas jornadas de validación en las regiones de Piura y Ayacucho, con el objetivo de recoger más aportes especializados y consolidar un protocolo actualizado que permita reforzar la atención integral, la protección y el acceso oportuno a los servicios para las personas afectadas por la violencia en todo el país.
